La entrada en vigor del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral el pasado 18 de junio, conlleva grandes transformaciones legales y un cambio de paradigmas tanto para las corporaciones policíacas, como las de procuración, administración e impartición de Justicia, así lo manifestó el socio penalista de Intellex, Lic. Carlos Rafael Flores Domínguez.

Detalló que el verdadero reto del país es transitar de un sistema a otro, pues no es únicamente aprender las nuevas normas, sino conservar las anteriores, ya que todas aquellas averiguaciones y procesos penales iniciados con fecha anterior a la entrada en vigor en cada entidad, seguirán llevándose acabo bajo el sistema tradicional.

Flores Domínguez aseguró que es indispensable la capacitación para poder explotar las bondades del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales derivado de la reforma Constitucional del 18 de junio de 2008 y que fortalece el principio de presunción de inocencia.

“El nuevo sistema establece los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, otorga mayores derechos a la víctima cuyos mecanismos quedan establecidos en el Código Nacional así como en la Ley General de Víctimas; además dota de mecanismos alternativos de solución de controversias y medidas cautelares, así como la creación de la figura de un Juez de Control”, recalcó el abogado penalista.

En ese sentido, comentó que el nuevo sistema fortalecerá los acuerdos establecidos en la Constitución y Tratados Internacionales en los que el Estado mexicano forma parte, además de contribuir a una expeditez en los procesos penales gracias a la creación de la figura de Juez de Control, quien interviene desde la etapa de investigación hasta el auto de apertura del juicio.

Para concluir, el socio penalista de Intellex, Lic. Carlos Rafael Flores Domínguez consideró la capacitación como un factor determinante en el aprovechamiento del nuevo sistema penal.

“Se requiere de forma urgente, un gran movimiento de capacitación para todos los involucrados en el sistema penal: jueces, ministerios públicos, policías, peritos y abogados litigantes; pero no solamente a quienes ya lo manipulan, sino una profunda renovación de la literatura en la materia, así como de los planes y programas de estudio en las universidades”, concluyó.

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