El PRI llegará a su aniversario 90 sumido en su peor crisis política, financiera, electoral, legislativa y de confianza. Aunque sus integrantes estiman que no desaparecerá ni cambiará de nombre, advierten el riesgo de fracturas más hondas que en 1988 y de que pueda convertirse en un partido testimonial o, incluso, sea absorbido por Morena, fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El próximo 4 de marzo, el PRI cumple 90 años de haberse formado, pero ya no es aquel partido que llegó a ser considerado de los más poderosos en el mundo por permanecer en el poder siete décadas seguidas y controlar de manera absoluta todas las gubernaturas, más los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Por el contrario, está desdibujado ideológicamente, menguado política y electoralmente, con la votación más baja de su historia con apenas 9 millones de sufragios (el 13% de los emitidos en la elección de 2018), en tercer lugar como fuerza política electoral con 47 diputados federales, 14 senadores, 13 gubernaturas, 550 presidencias municipales de 2011 y 184 de un total de mil 123 diputaciones estatales.

También está en pésimas condiciones financieras, con el apremio de tener que pedir un crédito por 250 millones de pesos para los gastos de este año, en el que tendrá que elegir a su nueva dirigencia y realizar la asamblea nacional.

El año pasado tuvo prerrogativas por mil 94 millones de pesos para gastos ordinarios y de campaña, pero su derrota estrepitosa le costó muy cara: el financiamiento disminuyó 30% y se estimaba que tendría alrededor de 811 millones de pesos. Las multas impuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE) minaron las arcas y Enrique Burgos, encargado de las finanzas partidistas, informó que se quedaron con 590 millones 600 mil pesos, monto que no les alcanzará para los gastos del presente año.

En 2003, el PRI tuvo que hipotecar los edificios de su sede nacional, ubicados en Insurgentes Norte, para conseguir un crédito de 60 millones de pesos del Banco Interacciones, tras la multa de mil millones de pesos impuesta por el Instituto Federal Electoral (IFE), como consecuencia del Pemexgate.

Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2209 de la revista Proceso, ya en circulación.