El intenso debate en torno a la creación de la Guardia Nacional, aprobada el 28 de febrero por el Congreso de la Unión con un consenso generalizado también entre la opinión pública, se redujo a dos puntos esenciales que, por lo menos al nivel político, ya fueron resueltos. Primero, el Ejército, que aún conduce tareas de seguridad en numerosas ciudades y regiones del país, volverá a sus cuarteles en un plazo de cinco años. Y segundo, la Guardia Nacional –adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana– obedecerá a un mando civil y sin fuero castrense para los 35 mil elementos de la Policía Militar y los 8 mil de la Policía Naval, quienes junto con agentes de la Policía Federal y nuevos reclutas integrarán un cuerpo de 80 mil oficiales a finales de 2019.

Aunque estos puntos son cruciales para garantizar el proceso de desmilitarización de la seguridad pública del país, es necesario examinar otro aspecto clave en la creación de la Guardia Nacional: la cancelación del discurso oficial que durante 12 años de supuesta “guerra contra el narco” movilizó a las Fuerzas Armadas por todo el territorio nacional justificando incluso crímenes de lesa humanidad.

Independientemente de afiliaciones políticas, los críticos de las primeras propuestas para la creación de la Guardia Nacional externaron en su momento, no sin razón, el temor de revivir la profunda herida social de la siniestra “guerra contra el narco”. Sus objeciones marcaron con claridad los peligros que conlleva dejar en manos de soldados tareas de seguridad pública que siempre debieron estar bajo una autoridad civil.

“Desmilitarizar militarizando no parecía la mejor receta porque remite a una medicina que no funcionó: la política criminal de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto –valorada por el crecimiento de las muertes violentas, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas– implicó un trágico desastre”, observó el académico y periodista Ricardo Raphael.

Pero aun con un mando civil y con el Ejército emplazado para regresar a los cuarteles, es válido señalar, con el analista de seguridad Jaime López Aranda, que el esquema de la Guardia Nacional recién aprobado “operativamente no cambia nada”, pues se trata de una corporación híbrida compuesta por soldados y policías que, según él, será “la misma gente que va a hacer exactamente lo mismo”.

Aunque merecen ser considerados con seriedad, todos estos reparos permanecen, en mi opinión, en la superficie del problema real: el discurso de guerra que ha fundado el estado de excepción en México. Como explica Giorgio Agamben, el estado de excepción es la función constitutiva de todo Estado moderno, la condición que permite el desborde entre lo inscrito en el derecho y el evento que no puede ser anticipado por la ley.

Ese es el punto ciego de mucha de la crítica, pues sin detenerse en el realismo político del estado de excepción y su discurso de guerra, limita su reclamo a la constitucionalidad de la Guardia Nacional y a la impunidad de los militares suplementando la función de las policías civiles; es decir, al borde mismo del estado de excepción, pero sin adentrarse en él.

Agamben muestra que el estado de excepción –a la vez dentro y fuera de lo establecido por una Constitución– es “aquello que funda el nexo entre violencia y derecho y, a la vez, en el punto en el cual se vuelve ‘efectivo’ aquello que rompe este nexo”. En otras palabras, la pregunta de fondo no se reduce al hecho de mantener o no al Ejército a cargo de la seguridad pública del país. El problema de raíz tampoco se localiza en la constitucionalidad de un mando militar o civil, temporal o permanente.

La militarización, si hemos comprendido bien las lecciones históricas de nuestra política de seguridad nacional, ha sido la forma más reciente del estado de excepción, pero no su contenido. Este último no reside en los mandos militares sino en el Poder Ejecutivo, en la razón de guerra que se dicta a los soldados y en la construcción simbólica del enemigo que se dice combatir.

La “guerra contra el narco” produjo ríos de sangre no por haber sido ejecutada por militares, sino porque los militares fueron instrumentalizados por el Poder Ejecutivo para ocupar el territorio nacional en contra de un enemigo cuidadosamente confeccionado para ser exterminado sin consideración legal, ética o política alguna. Dicho de otro modo: la estrategia de militarización se basó en la invención de la guerra que, como advirtió el propio Felipe Calderón desde el primer día de su gobierno, sería larga, costosa, destructiva, implacable.

Un estudio mostró que los índices de letalidad de las Fuerzas Armadas mexicanas entre 2008 y 2011 rebasaban los de la Policía Militar en Brasil aun en sus más brutales operativos de exterminio en las favelas de Río de Janeiro. Quedó evidenciado así el recurrente uso del asesinato extrajudicial como método normalizado entre los soldados mexicanos.

Pero la letalidad de las Fuerzas Armadas en México fue apenas el efecto, no la causa. “Un discurso de ‘guerra’ en contra de la delincuencia que en el caso mexicano fue impulsado desde el propio Ejecutivo federal y apoyado por buena parte de los actores políticos, económicos y sociales del país” fue la razón fundamental de la oleada de violencia. “Este discurso ha adoptado características del derecho penal del enemigo”.

Así lo comprobaron los periodistas Daniela Rea, Mónica González y Pablo Ferri en su extraordinaria investigación sobre la “cadena de mando” establecida entre militares. Un soldado entrevistado resume el terrible contenido de ese discurso durante los años de la “guerra contra el narco”:

Tu enemigo es el sicario, es el narco. Te enseñan lenguaje corporal para saber identificarlos, te dicen algunas señas. Al principio (los narcos) traían camionetas o carros con potencia de arranque, de ocho cilindros. Después todo eso cambió para despistarnos, ya andaban en motos, en coches de cuatro cilindros. Después nos la cambiaron, andaban una pareja con un niño, ya era bien difícil identificar a la maña. Antes ocupaban al típico pelón, tatuado, rapado, después nos la cambiaron con playeritas polo, bien cortaditos del pelo, los que eran sicarios de élite.

Hasta donde podemos constatar, ese lenguaje está siendo transformado tanto en materia legal como política. Los integrantes de la Guardia Nacional, según se explicita en el dictamen aprobado por el Congreso de la Unión, “se regirán por una doctrina policial fundada en el servicio a la sociedad, la disciplina, el respeto a los derechos humanos, al imperio de la ley, al mando superior y en lo conducente a la perspectiva de género”.

Por otra parte, y aunque no del todo exenta de ambigüedad e imprecisión, la presidencia de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha articulado también un cambio de paradigma en su plataforma de seguridad que podría neutralizar el violento espacio de guerra construido por la militarización de los gobiernos anteriores.

El Plan Nacional de Paz y Seguridad presentado por el equipo de transición de AMLO anunció el rechazo al prohibicionismo estadunidense como problema de “seguridad nacional” para, en cambio, promover un proceso de pacificación general de la sociedad considerando el tráfico de drogas como un mero problema de salud pública.

“La única acción realista para reducir los niveles de consumo de drogas reside en reorientar de manera negociada y bilateral los recursos actualmente destinados a combatir su trasiego y aplicarlos en programas –masivos, pero personalizados– de reinserción y desintoxicación.”

Luego, desde agosto de 2018, la actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, propuso despenalizar la mariguana y la amapola para la producción y consumo de drogas con fines medicinales. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, refrendó a su vez la propuesta ante gobernadores del país convocados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública –el órgano superior del Sistema Nacional de Seguridad Pública, encargado de establecer políticas de seguridad– el 25 de enero de 2019.

“Más allá del narcotráfico y el crimen organizado, la vida del ciudadano está impactada por los delitos del orden común”, dijo Durazo Montaño. “Proponemos pasar de un concepto militar de combate a la violencia a uno de carácter consistente en construir la paz a partir de garantizar empleo, salud, bienestar y educación, especialmente en las comunidades donde los criminales se han convertido en la autoridad”.

Esta transformación del discurso de “seguridad nacional”, que no debe subestimarse como algo meramente simbólico, llegó a su punto más relevante con una rueda de prensa mañanera del 31 de enero de 2019, cuando AMLO anunció el fin de la política antidrogas de los gobiernos anteriores: “Ya no hay guerra (contra el narcotráfico), oficialmente ya no hay guerra. Nosotros queremos la paz y vamos a conseguirla”.

(La aparente contradicción de AMLO al pronunciarse a favor de un mando militar para la Guardia Nacional podría explicarse, como lo hace Jorge Volpi, suponiendo que los congresistas de Morena votaron por un mando civil con el consentimiento implícito del presidente y como parte de “un meticuloso plan para arrebatarles (a los militares) la seguridad pública sin perder su apoyo”).

De este modo, sin la construcción simbólica de ese ubicuo “narco” que se extrapolaba a casi cualquier ciudadano del país, la violencia podría disminuir aún con el Ejército patrullando en las calles porque carecería precisamente de un escenario de guerra y de un enemigo doméstico a combatir. Esto dependerá, desde luego, de que este nuevo lenguaje funcione verdaderamente como el principio rector del entrenamiento y las estrategias de operatividad de la Guardia Nacional.

En tanto, quienes insisten en que el problema esencial es la militarización por si sola, pueden remitirse a los sistémicos abusos policiales que cotidianamente martirizan la vida de la población negra e hispana minoritaria en Estados Unidos. Sin militares de por medio, el alarmante número de asesinatos de ciudadanos desarmados se debe en buena medida a una codificación simbólica del negro y del hispano precarizados como enemigos del orden social.

En ese contexto, el mando civil tiene escasa relevancia entre corporaciones policiacas con altos grados de impunidad, con deliberadas políticas de ocultamiento de información sobre los asesinatos de civiles y con una continua militarización de sus agentes por medio de entrenamiento y equipo proveniente de las zonas de guerra controladas por el ejército estadunidense.

Intercambiar militares por policías con un mando civil o militar en nuestro país, igualmente acostumbrado a la impunidad policiaca y militar como expresión normalizada del aparato judicial, no hará mella en la ola de violencia si primero no cambia nuestra percepción de aquellos a quienes nos hemos acostumbrado a imaginar como enemigos de la sociedad (“narcos”, migrantes indocumentados, “huachicoleros”, pandilleros, etcétera) negándoles el derecho a la ciudadanía que nos apresuramos a defender para nosotros mismos.

El filósofo francés Étienne Balibar concibe los procesos de emancipación no como el desarrollo depurado de un mejor gobierno estructurado en nobles políticas de bienestar social. De hecho, explica, “la historia entera de la emancipación no está tanto en la historia de los reclamos de derechos desconocidos sino en la verdadera lucha por gozar de los derechos que ya se han declarado. Y agrega: “la batalla en contra de la negación de la ciudadanía es de hecho el corazón vital de las políticas de emancipación”.

Sin un discurso de guerra, ya no habrá un enemigo doméstico supuestamente acechándonos en las orillas de la sociedad civil. Completemos el proceso de pacificación impidiendo que el Estado declare otra vez su violencia en contra de quienes no podrán defenderse, de quienes de hecho no pudieron defenderse en los últimos 12 años: los pobres, los desplazados, los que no recibieron una educación, los faltos de recursos, y luego, trágicamente, de futuro. Obliguemos a la Guardia Nacional a reconocer para todos, sin excepción, las garantías de una misma ciudadanía en tiempos de paz.

____________

Militares y policías “cercan” Culiacán.