En pleno ascenso después de pasar cinco años en la cárcel, Elba Esther Gordillo, la exdirigente histórica del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) obtuvo otra victoria: la Fiscalía General de la República (FGR) le devolvió los bienes que le había confiscado en 2013, en el marco de la investigación que llevaba en su contra por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

De acuerdo con la versión pública de la sentencia del juicio de amparo 858/2018, consultada por Proceso, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) tomó decisión de “levantar los aseguramientos precautorios” sobre los bienes confiscados a Gordillo en plena transición entre las administraciones de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.

Según el acta jurídica, “se advierte que la agente del Ministerio Público responsable, por acuerdos de 30 de noviembre y 3 de diciembre, todos de 2018 (…) determinó levantar los aseguramientos precautorios (…) los cuales fueron realizados sobre los bienes antes precisados. El 30 de noviembre, la PGR estaba bajo el control de Arturo Elías Beltrán; el 3 de diciembre, ya tenía como titular a Alejandro Gertz Manero, el fiscal general actual.

De acuerdo con el acta de la sentencia, la FGR restituyó a la líderesa sus siete cuentas bancarias congeladas –cuatro en BBVA Bancomer, dos en Banamex y una en Santander–, así como tres inmuebles: uno ubicado en calle Galileo número 7, en Polanco, otro en el lote 29 del predio Prados de la Montaña del desarrollo inmobiliario Bosques de Santa Fé, en Cuajimlpa, y el tercero en General Riquelme 42, en la alcaldía Gustavo A. Madero–.